La reciente decisión del gobierno dominicano de deportar a 10,000 haitianos por semana ha generado un intenso debate entre expertos y la sociedad civil. A pesar de que el objetivo es regularizar la situación migratoria, diversos sectores advierten sobre las posibles consecuencias negativas de esta medida.
Tanto William Charpentier, coordinador de la Mesa para las Migraciones, como el politólogo Juan de Dios Gabriel Santana, han expresado su preocupación por la viabilidad de este plan. Según ellos, deportar a más de 1,200 personas diariamente es una tarea titánica que podría colapsar los sistemas de control migratorio y generar una crisis humanitaria.
«La República Dominicana no está preparada para una deportación masiva de esta magnitud», afirmó Charpentier. «La economía dominicana depende en gran medida de la mano de obra haitiana, especialmente en sectores como la construcción y la agricultura». Santana coincidió con esta afirmación, señalando que el 95% de los trabajos en construcción y el 93% en agricultura están ocupados por haitianos.
Los expertos recomiendan un enfoque más gradual y humano, que incluya la regularización de los haitianos que ya se encuentran en el país y la implementación de políticas que disuadan la migración irregular. «Debemos buscar soluciones a largo plazo que beneficien a ambos países», señaló Santana.
Por su parte, el gobierno dominicano ha defendido su plan, argumentando que es necesario tomar medidas drásticas para controlar el flujo migratorio y proteger la seguridad nacional. Sin embargo, las críticas de expertos y organizaciones internacionales ponen en duda la efectividad y la humanidad de esta política.
Este debate pone de manifiesto la complejidad de la situación migratoria en la región y la necesidad de encontrar soluciones sostenibles que beneficien tanto a los dominicanos como a los haitianos.
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