La crisis migratoria entre Haití y República Dominicana escaló a un nuevo nivel de tensión durante una reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.
El embajador haitiano, Antonio Rodrigue, denunció enérgicamente las «deportaciones masivas» de ciudadanos haitianos hacia su país, calificándolas de violaciones a los derechos humanos y contrarias al derecho internacional. Rodrigue solicitó a la comunidad internacional que interceda para detener estas deportaciones, argumentando que están exacerbando las tensiones entre ambos países y dificultando una relación pacífica.
Sin embargo, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, rechazó rotundamente estas acusaciones. Álvarez defendió la política migratoria de su país, argumentando que la crisis en Haití es un problema interno y que República Dominicana no puede seguir soportando la carga de la migración haitiana.
«Nuestro país ha recibido una gran cantidad de migrantes haitianos en los últimos años, lo que ha generado una presión significativa en nuestros sistemas de salud y educación», afirmó Álvarez. El ministro dominicano destacó que el 16% de los beneficiarios del sistema de salud dominicano son haitianos y que 147.000 niños haitianos estudian en escuelas dominicanas.
Esta situación ha generado un intenso debate en la comunidad internacional, con organizaciones de derechos humanos criticando las deportaciones masivas y exigiendo una solución humanitaria a la crisis. Por su parte, el gobierno dominicano argumenta que está actuando en defensa de sus intereses nacionales y que no puede permitir que la crisis haitiana desestabilice su país.
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