El gobierno argentino ha repudiado la decisión de la Fiscalía de Venezuela de tramitar una orden de captura contra el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en relación con el caso del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires desde 2022 y enviado a Estados Unidos en febrero pasado.
«La República Argentina repudia las órdenes de aprehensión dictadas por el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela contra el presidente de la Nación, Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz del incidente del avión de la empresa Emtrasur», declaró la Cancillería argentina en un comunicado.
El gobierno de Milei argumenta que «el caso mencionado fue resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional».
En un comunicado, el gobierno argentino recuerda a Venezuela que en Argentina «impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro».
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que dos fiscales especializados «se encuentran tramitando la orden de aprehensión» contra Milei y su equipo, argumentando que se incurrió en delitos como «robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronaves y asociación para delinquir».
Saab, quien calificó a Milei como «fascista» y «neonazi«, acusó al gobierno argentino de aplicar «un programa de violencia institucional premeditado» contra su población, y a Milei de ser «el violador de derechos humanos más feroz del continente» y «un peligro brutal para todo el hemisferio».
Por su parte, la Cancillería argentina solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) que emita una orden de detención contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y «otros cabecillas del régimen», debido al «agravamiento de la situación» tras las elecciones presidenciales en Venezuela el 28 de julio, las cuales son catalogadas como un fraude a nivel internacional.
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