La Paz, 3 de octubre de 2024 – Una orden de aprehensión contra el expresidente boliviano Evo Morales por los presuntos delitos de estupro y trata y tráfico de personas fue emitida y anulada en el mismo día, generando una fuerte controversia en el país.
La fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, responsable de la orden, denunció este miércoles haber sido removida de su cargo y que el Ministerio Público le ordenó detener la orden de captura. Gutiérrez aseguró que ya se había conformado una comisión para investigar y ejecutar la aprehensión de Morales, y que evaluará presentar una denuncia internacional, considerando la trata de personas como un crimen de lesa humanidad.
La orden, emitida por la Fiscalía de Tarija, se basaba en una denuncia por trata y tráfico de personas, presuntamente cometida cuando la víctima tenía 15 años. La Fiscalía ha omitido detalles por la minoría de edad involucrada.
Horas después, la orden fue revocada por medio de una «acción de libertad». Este hecho ha sido interpretado por el exministro de Gobierno, Carlos Romero, como parte de una «sañuda persecución» judicial contra Morales, provocada por la reciente marcha de Morales y sus seguidores en protesta contra el gobierno de Luis Arce.
La rápida anulación de la orden genera dudas sobre la independencia judicial y ha exacerbado las tensiones políticas en Bolivia.
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