Cochabamba, Bolivia – Cientos de simpatizantes de Evo Morales bloquearon este martes las principales vías de acceso al departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, intensificando las protestas iniciadas el lunes contra la posible detención del expresidente. La Fiscalía investiga a Morales por presuntos delitos de estupro, trata y tráfico de personas, relacionados con una denuncia por una relación con una menor en 2015.
Morales, quien permanece resguardado en el Chapare, asegura que la investigación es una persecución política orquestada por el gobierno de Luis Arce, su exministro y actual adversario político. Los manifestantes, en su mayoría campesinos, cortaron con piedras y tierra las carreteras que conectan Cochabamba con La Paz, Sucre y Santa Cruz, generando enfrentamientos con la policía en puntos como Parotani. Se reportan el uso de piedras, petardos y gases lacrimógenos. La Autoridad Boliviana de Carreteras (ABC) contabiliza cinco vías bloqueadas.
«Si tocan al hermano Evo, peor va a ser este bloqueo; por dos meses, tres meses, hasta fin de año», advirtió el dirigente campesino Ricardo Cardozo. Líderes como Humberto Claros calificaron el proceso contra Morales como una «grosería» y un «proceso absolutamente montado». La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, respondió que los bloqueos demuestran que el «evismo» busca la impunidad para su líder.
La Fiscalía de Tarija investiga la denuncia que señala una relación entre Morales y una menor de 15 años en 2015, resultando en el nacimiento de una hija un año después. Morales se negó a comparecer ante la citación del ministerio público, lo que podría resultar en una orden de arresto. Aunque una orden de aprehensión previa fue anulada, la fiscal Sandra Gutiérrez advirtió que podría emitirse una nueva.
El viernes pasado, la policía detuvo al padre de la presunta víctima. La Fiscalía argumenta que los padres inscribieron a su hija en la «guardia juvenil» de Morales con fines políticos, configurando el delito de trata y tráfico de personas. Morales enfrenta una posible pena de hasta 20 años de prisión.
El expresidente argumenta que la denuncia ya fue investigada y archivada en 2020, y que la reactivación del caso busca impedir su participación en las elecciones presidenciales de 2025, a pesar de su inhabilitación constitucional para un tercer mandato. La disputa entre Morales y Arce por el liderazgo del Movimiento Al Socialismo (MAS) es un factor clave en este conflicto.
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