La frontera entre República Dominicana y Haití vive una intensificación de la crisis migratoria, con una campaña de deportaciones masivas por parte del gobierno dominicano que ha generado fuertes críticas a nivel internacional. Desde el 1 de octubre, las autoridades dominicanas han interceptado a 18,843 haitianos, repatriando a más de 13,000 hasta el domingo 15 de octubre.
Estas acciones han sido calificadas como «brutales y racistas» por el Consejo Presidencial de Transición de Haití, que exige el respeto a los acuerdos internacionales y la aplicación de los protocolos de repatriación. La canciller haitiana, Dominique Dupuy, ha emprendido una activa campaña diplomática ante Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), denunciando el trato discriminatorio hacia los haitianos. El Papa Francisco también ha expresado su preocupación por la situación, instando a la comunidad internacional a promover la paz y la reconciliación en Haití.
El gobierno dominicano justifica las deportaciones como una medida necesaria para controlar la migración irregular y proteger sus fronteras. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales han expresado serias preocupaciones sobre las condiciones de las deportaciones, alertando sobre posibles violaciones a los derechos humanos de los migrantes.
La situación genera una creciente tensión entre ambos países y un debate internacional sobre la gestión de la crisis migratoria y el respeto a los derechos humanos.
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