Digesett NO puede incautar vehículos

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Ley 63-17 prohíbe incautación de vehículos con documentos al día: denuncian excesos por parte de agentes de la DIGESETT

Diversos ciudadanos han expresado su indignación ante los recurrentes abusos cometidos por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), quienes continúan incautando vehículos, a pesar de que la Ley 63-17 establece claramente las limitaciones legales para este tipo de acciones.

De acuerdo con lo que establece el marco jurídico vigente, la incautación de vehículos por parte de la DIGESETT solo está permitida en casos muy específicos, como cuando un automóvil o motocicleta circula sin matrícula o sin seguro obligatorio vigente. Fuera de esos escenarios, lo legalmente procedente es la imposición de multas o sanciones administrativas, pero nunca el traslado del vehículo a un centro de retención vehicular mediante grúa.

Abusos y justificaciones
Pese a la claridad de la ley, se han documentado múltiples casos donde conductores con todos sus documentos en regla han sido dejados a pie, mientras sus vehículos son remolcados hacia depósitos, obligándolos a enfrentar procesos burocráticos, costosos y prolongados para recuperarlos.

Ante las denuncias, el coronel José Hernández, en representación de la DIGESETT, intentó justificar estas acciones señalando que:

“Hay motores que no están correctos con la documentación, no se le puede dejar al infractor, hay que retener la motocicleta”.

Sin embargo, esta explicación ha sido calificada por juristas y afectados como evasiva e insuficiente, pues en muchos de los casos documentados, los ciudadanos no estaban cometiendo infracciones que justifiquen la retención del vehículo. Aun cuando faltaran algunos documentos menores, el procedimiento correcto es la imposición de la infracción correspondiente, no la incautación.

Consecuencias económicas y legales
Los ciudadanos afectados coinciden en que la devolución de los vehículos implica largas filas, pérdida de tiempo laboral y gastos excesivos, como pagos por grúa, almacenamiento, papeleo e incluso multas acumuladas sin justificación clara.

Organizaciones defensoras de derechos civiles han advertido que estas prácticas pueden configurar abuso de autoridad y han exhortado a la ciudadanía a documentar los casos y formalizar denuncias ante la Procuraduría General de la República y la Defensoría del Pueblo.

Además, expertos en derecho de tránsito han reiterado que el artículo correspondiente de la Ley 63-17 no contempla la retención arbitraria de vehículos por infracciones menores, y mucho menos si el conductor puede acreditar que está en regla.