El gobierno dominicano anunció un plan para deportar a 10,000 haitianos indocumentados por semana, elevando considerablemente las medidas para controlar el flujo migratorio desde Haití. Esta decisión, anunciada por el presidente Luis Abinader, podría resultar en la deportación de más de 500,000 haitianos anualmente, un significativo aumento respecto a las aproximadamente 250,000 del año pasado.
El gobierno justifica la medida como necesaria para proteger la soberanía nacional y afrontar los desafíos migratorios, asegurando el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la iniciativa ha generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos, que denuncian discriminación y racismo contra la población haitiana en el país. El activista William Charpentier, por ejemplo, la calificó como «persecución racial» debido a las frecuentes redadas policiales.
La crisis humanitaria en Haití, con su violencia de pandillas y escasez de alimentos, ha impulsado una ola migratoria hacia República Dominicana. Si bien la comunidad internacional ha desplegado una misión multinacional para estabilizar Haití, la situación permanece crítica.
El anuncio de las deportaciones masivas coincide con la creciente presión de grupos nacionalistas dominicanos que demandan medidas más severas contra la inmigración haitiana. La situación plantea un complejo desafío humanitario y político para ambos países.
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