Ocho meses han pasado desde el trágico hallazgo del cuerpo sin vida de Paula Santana Escalante en la empresa Oscor Caribe, ubicada en la Zona Franca de Las Américas, y la indignación sigue latente. El caso, que conmocionó al país, permanece envuelto en un manto de misterio, sin que se haya esclarecido la responsabilidad por su asesinato.
La joven, con sueños de ser azafata, fue encontrada sin vida en las instalaciones de la empresa. La autopsia determinó que la causa de su muerte fue asfixia mecánica por estrangulación manual, acompañada de evidencias de violencia sexual.
Las investigaciones iniciales se centraron en dos empleados: Joaquín Alexander Hidalgo Marte, guardia de seguridad, y Alex Elvin Cruz Díaz, técnico de esterilización. Ambos fueron detenidos y acusados, pero posteriormente liberados por falta de pruebas suficientes, una decisión que ha generado una gran controversia y fuertes críticas por parte de la familia de Paula, organizaciones de derechos humanos y la sociedad en general. La familia Santana denuncia irregularidades en el proceso judicial y teme la impunidad.
El Ministerio de Trabajo sancionó a Oscor Caribe por diversas irregularidades detectadas durante una inspección, pero el asesinato de Paula sigue sin resolverse. La empresa ha emitido comunicados expresando su pesar y asegurando su colaboración con las autoridades.
La muerte de Paula ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las mujeres en el ámbito laboral y la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de protección contra la violencia de género. El caso ha reavivado el debate sobre la impunidad en los feminicidios y la demanda de una justicia más efectiva.
La familia Santana y la sociedad continúan clamando por justicia y respuestas. La muerte de Paula no puede quedar impune.
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