El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por el chavismo, ratificó este jueves la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, ignorando las denuncias de fraude tanto dentro como fuera del país.
La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, anunció la decisión ante autoridades y diplomáticos, asegurando que la Sala Electoral del tribunal «convalida los resultados» emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Esta sentencia, que cierra «inequívoca e irrestrictamente» la revisión de las elecciones, llega 22 días después de que Maduro solicitara este proceso mediante un recurso de amparo, cuyo contenido se desconoce, y al que fueron llamados los 10 excandidatos presidenciales.
Rodríguez argumentó que la decisión se basó en un informe elaborado por expertos «altamente calificados e idóneos», sin revelar sus identidades, que incluía detalles del proceso de validación. La revisión se llevó a cabo sin la presencia de representantes de la oposición mayoritaria, que acusa de fraude electoral.
Edmundo González Urrutia, líder de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora, advirtió que la decisión del TSJ «solo agravará la crisis» en Venezuela.
«El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis», expresó González Urrutia, quien sostiene que su candidato ganó las elecciones por un amplio margen y ha publicado «el 83,5% de las actas electorales» para respaldar su reclamo, apoyado por varios países y organizaciones internacionales.
A pesar de las insistencias de la oposición, el CNE proclamó ganador a Maduro sin publicar los resultados desagregados, un punto que estaba previsto en el calendario electoral y que ha sido demandado por la comunidad internacional.
La confirmación del TSJ a favor de Maduro ha sido recibida con indignación por la oposición, que lo considera una «farsa» y una «burla» a la democracia. Se espera una reacción de la comunidad internacional ante esta decisión, que podría exacerbar la crisis política y social de Venezuela.
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