El gobierno venezolano ha decidido prolongar hasta el próximo 30 de septiembre la prohibición de vuelos comerciales con Panamá, Perú y la República Dominicana, una medida que ha generado un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional.
Implementada inicialmente a finales de julio por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), la restricción responde a las preocupaciones del gobierno sobre el posible uso de la aviación civil con fines que atenten contra la seguridad nacional. Sin embargo, críticos argumentan que esta medida limita la movilidad de los ciudadanos venezolanos y afecta negativamente al sector turístico y comercial del país.
La decisión de extender la prohibición ha generado diversas reacciones. Por un lado, el gobierno venezolano sostiene que esta medida es necesaria para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y prevenir cualquier amenaza externa. Por otro lado, la oposición política y diversos sectores de la sociedad civil han denunciado que esta medida es una forma de limitar las libertades y de aislar al país.
Ante esta situación, las aerolíneas afectadas han expresado su preocupación por las pérdidas económicas que están sufriendo y han solicitado al gobierno venezolano que reconsidere su decisión. Asimismo, los ciudadanos venezolanos que residen en los países afectados o que tienen familiares allí han denunciado las dificultades que enfrentan para viajar y mantener contacto con sus seres queridos.
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